INFORME SIPAZ - Vol XIV Nº 1, Abril de 2009

:: INFORME SIPAZ: Vol 14 Nº 1, Abril de 2009


-> Coyuntura
México: derechos humanos y seguridad,¿un rompecabezas imposible?
-> Enfoque
Una radiografía del estado de derecho en México: los desafíos y peligros de la reforma penal
-> Artículo
De India a Chiapas: Reflexiones sobre la ‘no violencia’
-> Actividades de SIPAZ - De diciembre de 2008 a marzo de 2009



:: COYUNTURA

México: derechos humanos y seguridad, ¿un rompecabezas imposible?
El 10 de febrero, México fue evaluado en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).
Sus resultados (ver también el enfoque en este informe) no acaban de resolver un eje de tensión de fondo entre la promoción y defensa de los derechos humanos, y la clara opción tomada por el gobierno actual desde el inicio. Prueba de ello, el 12 de diciembre, justamente durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente Felipe Calderón afirmó que "el principal desafío que hoy por hoy enfrentan los derechos humanos en México proviene de la acción impune de la delincuencia y de la limitación de las instituciones de seguridad y de justicia del país, o de franca incapacidad para terminar con tal impunidad". La perspectiva gubernamental se enfoca básicamente en la seguridad pública, ciertamente amenazada por el creciente poder del narcotráfico y de la delincuencia organizada en el país.
Las organizaciones de derechos humanos a cambio parten de un entendimiento mucho más amplio en el que la militarización creciente de México, que forma parte de la estrategia gubernamental de combate contra los carteles de drogas, representa una amenaza mayor a la vigencia de los derechos humanos de la población civil.
El 20 de marzo, seis organizaciones civiles mexicanas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un estudio que plantea que las quejas contra el Ejército mexicano por violaciones de derechos humanos se sextuplicaron en los primeros dos años del gobierno de Calderón: el número de quejas (por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, torturas, y en 28 casos, muertes) que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha incrementado de 182 en 2006 a 1.230 en 2008.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH) explicó: “Venimos a esta comisión para demostrar el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas en lucha contra el narcotráfico. (…) Parte del problema, es que estas quejas casi nunca son investigadas o son llevadas al fuero militar, en donde el Ejército se convierte en juez y parte, lo que desde luego propicia la impunidad”. Según el reporte, en los últimos dos años, la Procuraduría Militar ha consignado menos de una de cada diez averiguaciones previas abiertas en contra de soldados por delitos cometidos contra civiles. Además, no se sabe de ninguna sentencia condenatoria en el sexenio actual para violaciones a los derechos humanos.
En febrero, el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Sedena, había minimizado estas preocupaciones al afirmar que los resultados del Ejército en materia de derechos humanos "son aceptables", ya que a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados) "no son muchas" las recomendaciones presentadas en contra de soldados en el año anterior. ONGs censuraron su comentario afirmando que no hay niveles “aceptables” cuando se trata de violaciones a derechos humanos.
Un factor que puede aumentar la confusión es el hecho de que desde el año pasado y con mayor regularidad a partir de febrero de este año, se han realizado manifestaciones populares en varios estados del Norte para exigir la salida del Ejército de labores de seguridad pública. No obstante, varios medios de comunicación han vinculado las protestas al crimen organizado, señalando que los manifestantes llegaban en autobuses rentados y que se habían documentado pagos.
La militarización del país no tiene por lo demás exclusivamente que ver con el despliegue de soldados sino también con el nombramiento de militares en cuerpos civiles o el hecho que Sedena haya instado a los estadosa incrementar el poder de fuego de sus corporaciones policiacas, crear o fortalecer unidades especializadas contra el secuestro y financiar diversos proyectos de seguridad pública.
Foto: Actividad realizada el día de la liberación de los hermanos Cerezo - © SIPAZ
Los resultados de la guerra contra el narcotráfico parecen más bien pobres hasta la fecha, eso a pesar de los recursos humanos y financieros invertidos: según el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Rico, México le ha destinado en los dos últimos años más de 6 mil 300 millones de dólares.
Algunos medios han señalado que aunque el Gobierno federal presume con spots la detención de miles de presuntos criminales, a muy pocos logra llevarlos a juicio para que permanezcan en prisión. Por ejemplo, en 2008, sólo un 17% de los detenidos por presuntos delitos contra la salud fue llevado ante un juez. Por otro lado, a finales de febrero, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, aseguró que la Operación Limpieza, implantada en el segundo semestre de 2008 para depurar la infiltración del narco en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia federales, había concluido con la detención de 25 altos funcionarios. Eso parece más bien limitado cuando en su informe anual en materia de derechos humanos, un documento que podríamos considerar más bien como conservador en su planteamiento, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) afirmó que existe "impunidad y corrupción en todos los niveles del gobierno" mexicano, y que se ha registrado una amplia gama de abusos en lo que se refiere a las garantías individuales.
Apoyos internacionales a la estrategia gubernamental
A pesar de las denuncias de violaciones a derechos humanos y de la limitación de los resultados, varios países han apostado a apoyar la estrategia gubernamental en el combate contra la delincuencia organizada. A finales del año pasado, en el marco de la Iniciativa Mérida, EEUU decidió otorgar 99 millones de dólares fundamentalmente para apoyo en equipo y tecnología destinados a los cuerpos de seguridad y al Ejército. La cantidad fue menor a la anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 16 de diciembre que era de 116..5 millones de dólares. A mediados de enero, Barack Obama, presidente electo de Estados Unidos se reunió con Felipe Calderón. Coincidieron en la importancia de reforzar la alianza bilateral en el aspecto económico, pero sobre todo en el de la seguridad. EEUU ha expresado de manera reiterada su preocupación por la creciente violencia desatada por la guerra entre el gobierno mexicano y los grupos de narcotraficantes. A pesar de ello y por la crisis económica imperante, el monto de la Iniciativa Mérida aprobado para el 2009 fue reducido de 405 millones de dólares a 300 millones.
A principios de marzo, Michael G. Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto estadunidense, visitó a México finalizando una gira por América Latina en la que dejó en claro que para él, el Plan Colombia era el modelo de la cooperación con EEUU. Por otro lado, en diciembre, Guatemala planteó una propuesta de militarización regional para el combate al crimen organizado que también fue discutida en una cumbre regional en enero. Se constituyó el Frente Común para la lucha contra el Narcotráfico y el Terrorismo, en el que participarán Colombia, Panamá, México y Guatemala..
ATENCO: Oportunidad fallida para el sistema de justicia mexicano
En febrero, se inició la discusión sobre el proyecto de dictamen elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al caso Atenco. A pesar de las limitaciones derivando de la reglamentación aprobada desde el principio, este proceso había generado expectativas.
La investigación afirma contundentemente que en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006, cientos de personas sufrieron abusos y que fueron gravemente violadas garantías individuales y derechos constitucionales “a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia”. Establece además que fueron involucrados 2 mil 726 servidores públicos que tuvieron una actuación "justificada" pero "excesiva, desproporcionada, ineficiente e indolente".
Sin embargo, la mayoría de los ministros de la SCJN terminaron señalando como responsables únicos a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos operativos federal y estatal que permitieron los abusos. Respecto del gobernador del estado de México, el secretario de Seguridad Pública federal y otros funcionarios de alto nivel, fueron exonerados de cualquier responsabilidad.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) lamentó que la resolución de la SCJN "cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el Estado responde a las graves violaciones de derechos humanos fundamentales, violaciones que paradójicamente han sido ampliamente documentadas por la propia Corte en su investigación"..
Después de la resolución, se lanzó la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco que busca involucrar a la sociedad civil para demandar a los tres poderes de la Unión la libertad de los 13 presos vinculados al caso Atenco, su exoneración, el castigo a los responsables de los abusos, así como detener la criminalización de la protesta social.
CHIAPAS: principales conflictos y problemáticas actuales
Se sigue denunciando hostigamiento contra comunidades zapatistas principalmente bajo dos formas: por un lado, por el acoso policiaco y militar (en particular en las zonas Centro y Altos en los meses más recientes) y por el otro, por agresiones de otros grupos locales. A finales de febrero, la Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo (Oventik) denunció incursiones militares cerca de este Caracol, y sobrevuelos de aviones y helicópteros en la región.
Por el otro, se señalan a grupos indígenas y campesinos vinculados a grupos de poder locales o al gobierno del estado que pretenden desgastar la resistencia a través de agresiones de mayor o menor gravedad que pueden derivar en violencia o no: ocupación de terrenos, robos o destrucción de cosecha, etc. La organización más señalada en la zona Selva Norte venía siendo la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Sin embargo, los conflictos más recientes han involucrado más que todo a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Llamativamente, justo en las fechas en las que se llevó a cabo el Festival de la Digna Rabia convocado por el EZLN en Oventik y San Cristóbal, integrantes de esta organización intentaron despojar a un grupo de indígenas zapatistas de un predio de 500 hectáreas ubicado en Bosque Bonito (municipio autónomo zapatista Che Guevara), presentándose un conflicto que derivó en 5 heridos. A principios de marzo, la JBG de La Realidad denunció por su parte que perredistas y cioaquistas (integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-CIOAC) del municipio Las Margaritas han desatado una serie de agresiones y provocaciones contra bases de apoyo zapatistas de la ranchería Espíritu Santo. Las siglas cambian, la estrategia de confrontar a grupos indígenas entre sí ha sido más bien una constante.
Otra serie de conflictos se relacionan con los denominados “centros ecoturísticos” en particular en el trayecto entre Ocosingo y Palenque, donde los gobiernos federal y estatal tienen planeados proyectos de desarrollo turístico. Varias comunidades indígenas han buscado recuperar sus derechos territoriales en Agua Clara, Misol Há, Agua Azul y otras localidades.
Otros problemas en el estado están vinculados a su situación como frontera. A mediados de enero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBLC) reprobó el ataque “injustificado” de policías estatales contra migrantes indocumentados que dejó tres muertos y ocho heridos de distintas nacionalidades cerca de San Cristóbal de Las Casas. Denunció que los indocumentados capturados fueron privados de su libertad en condiciones “violatorias” de sus garantías, al ser llevados a un sitio destinado a personas consideradas probables responsables de delito.
Foto: Encuentro de las mujeres zapatistas "Mamá Corral" - © SIPAZ
En febrero, un grupo de organismos civiles centroamericanos cifraron en 800 las desapariciones de migrantes en tránsito por México y anunciaron una misión para investigar su paradero. En un primer momento, las autoridades migratorias mexicanas les habían negado el permiso de entrada a los observadores.
Breves sobre Oaxaca y Guerrero
En el marco del EPU, a casi dos años del conflicto que tuvo lugar en Oaxaca, organismos civiles locales realizaron un balance de la situación de derechos humanos en el estado, en el que denunciaron a la impunidad, la ausencia de respuesta jurídica y la violación sistemática de los derechos humanos que se ha mantenido a la fecha. Abarcaron avances y pendientes en los rubros siguientes: criminalización de la protesta social, violaciones a la libertad de expresión y vulnerabilidad de los comunicadores, desaparición forzada, violencia contra las mujeres, agravios a defensores de Derechos Humanos y violación a los derechos de los pueblos indígenas.
Uno de los casos más sonados en los meses recientes donde a cambio pareciera querer hacerse “justicia” ha sido el de Juan Manuel Martínez Moreno, inculpado por el homicidio del periodista independiente norteamericano Brad Will, asesinado durante el conflicto social de 2006. No obstante, organizaciones civiles y sociales, así como los mismos familiares de Will descartan la culpabilidad de Martínez Moreno y se han movilizado de distintas maneras a su favor. Señalan que su detención se agilizó sospechosamente en el marco de las negociaciones relacionadas con la Iniciativa Mérida. Aunque varios rumores involucraban al entorno de Brad Will en su asesinato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había descartado públicamente esta hipótesis. Aún así Martínez Moreno fue detenido. Se le concedió un amparo el 20 de enero que fue impugnado por la PGR a principios de febrero.
Otros dos casos recientes que parecen ilustrar una tendencia a ataques más selectivos (por cierto similares a los observados en la Guerra de Baja Intensidad que se ha vivido en Chiapas) han sido un ataque contra el domicilio del director de “El Correo de Oaxaca”; así como el intento de homicidio en contra de Rubén Valencia, miembro de VOCAL (Voces Oaxaqueños Construyendo Autonomía y Libertad, parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca - APPO).
A pesar de las agresiones y del miedo después de la represión, a finales de febrero, la APPO realizó un segundo Congreso con una convocatoria a barrios, comunidades y colectivos para organizar asambleas, aglutinar la base social y reorganizar a la APPO. Dentro de los acuerdos destaca el desconocimiento de todos los niveles de gobierno con quienes sólo negociará la liberación de presos.
En el caso de Guerrero, se han multiplicado denuncias de desapariciones que a los pocos días se convierten en denuncias de encarcelamientos o peor, de muerte. Un caso paradigmático es el de los dirigentes indígenas mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos humanos de la Costa Chica. Sus cuerpos fueron encontrados en Ayutla de los Libres el 22 de febrero con señales de tortura. Se había denunciado que fueron llevados por la fuerza por hombres armados que se identificaron como policías durante un evento público el 13 de febrero en la cabecera municipal.
El 18 de marzo, se confirmó el amparo a favor de 4 de los 5 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), quienes se encontraban encarcelados desde el 17 de abril del año pasado igualmente en el municipio de Ayutla de los Libres.
Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional declaró: "El patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones a defensores de derechos humanos en Ayutla ha convertido a la región en un peligro constante para las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas más marginadas de México".
“Convención Nacional de Comités Municipales del gobierno legítimo de México”: otro esfuerzo organizativo a nivel nacional
El 22 de marzo, en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex candidato presidencial encabezó la primera “Convención Nacional de Comités Municipales del gobierno legítimo de México”, en la cual participaron más de 12 mil representantes. Les invitó a fortalecer las estructuras locales con miras al proceso electoral de 2012 y a avanzar en la organización para la promoción y defensa del voto. Entre otras conclusiones, está el objetivo de afiliar, desde ahora y hasta marzo de 2012, a por lo menos 15 millones de ciudadanos. También se plantearon la instalación de casas del gobierno legítimo –en principio en todos los municipios con más de 100 mil habitantes–, una red nacional de comunicación y grupos de defensa de la economía popular. A la clausura asistió el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, quien manifestó su total apoyo a las acciones encabezadas por AMLO.

:: ENFOQUE
Una radiografía del estado de derecho en México: los desafíos y peligros de la reforma penal
El pasado 10 de febrero, México fue evaluado por las Naciones Unidas (ONU), mediante un mecanismo puesto en vigencia en 2006: el “Examen Periódico Universal” (EPU). En intervalos de 4 años, todos los Estados miembros deben someterse a un “dialogo interactivo” a través del cual se analiza si estos cumplen con los compromisos internacionales suscriptos en materia de Derechos Humanos.
En esta ocasión, México fue expuesto a comentarios y críticas por parte de un grupo de tres países y los Estados miembros representados en el EPU. Previamente fueron entregados al Consejo de Derechos Humanos (CoDH) tres informes: uno del gobierno mexicano; otro de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH), y el último elaborado en base a los informes de la sociedad civil, cuya compilación también corresponde a la OACNUDH. Un centenar de organizaciones no gubernamentales mexicanas y 7 internacionales denunciaron que “México no cumple con sus compromisos internacionales” y que persisten la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a la libertad de expresión y la impunidad. El informe incluyó 60 casos de criminalización de la protesta social en 17 estados mexicanos, incluyendo Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Como resultado final, el EPU dirigió al Estado Mexicano 91 recomendaciones, de las cuales México recibió 83 y presentó reservas sobre las 8 restantes. El grupo de recomendaciones aceptadas, tiene que ver con la armonización de leyes internas para que se correspondan con los compromisos internacionales suscriptos por el Estado. Las 8 recomendaciones en reserva, que según el gobierno, requieren un “análisis intersecretarial más detallado”, aglutinan muchas de las críticas presentadas por organismos de la Sociedad Civil en su informe: por ejemplo, la impunidad y los mecanismos que deberán ponerse en práctica para combatirla (particularmente en temas de género, pueblos indígenas, menores de edad y periodistas), así como temas del fuero militar, la figura del arraigo y la definición de “crimen organizado”.
La reforma penal: ¿un “cambio cultural” a favor de la legalidad?
Muchas de las recomendaciones del EPU hacen foco en el sistema de justicia mexicano.Desde hace tiempo, la sociedad civil mexicana viene exigiendo reformas profundas en materia de justicia penal. La reforma penal que finalmente fue aprobada por el senado de la federación el 6 de marzo de 2008, busca integrar dos tendencias contradictorias: por un lado aporta avances en materia de Derechos Humanos con la introducción de los juicios orales y el cambio del proceso acusatorio (presunción de inocencia); por el otro supone una regresión al implementar medidas punitivas que pretenden responder a la preocupación por la seguridad pública en el país.
Frente a la inseguridad que están generando la delincuencia organizada y el narcotráfico, el gobierno de Calderón ha puesto el énfasis en ‘la ley y el orden’, relegando a un segundo plano temas tales como el respeto de los derechos humanos o el problema de la impunidad, siendo ambos ejes claves en el combate contra la delincuencia.
En la propuesta inicial de la reforma, los puntos más llamativos y cuestionables fueron: la introducción de los allanamientos sin orden judicial, la ampliación de la figura del arraigo, el subsistema de excepción para personas acusadas de pertenecer a la “delincuencia organizada”, y la existencia de delitos no excarcelables. Tanto, organizaciones mexicanas de defensa de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varios Relatores Especiales del Sistema de la ONU expusieron antes de su aprobación preocupaciones por “por los aspectos de la reforma que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos”.
En el dictamen de la reforma penal finalmente aprobado por el Poder Legislativo, los cateos sin orden judicial fueron eliminados. El resultado fue considerado como un “cambio cultural” a favor de la legalidad por parte del gobierno mexicano. No obstante, algunos la llaman “reforma Frankenstein”, dado que su redacción integra mejoras al sistema de justicia, al mismo tiempo que medidas represivas (tal es el caso del arraigo o la polémica definición de “delincuencia organizada). Otros, como la senadora Rosario Ibarra (presidenta del Comité Eureka, quien trabaja desde hace décadas en el tema de las desapariciones forzadas), fueron más allá, refiriéndose a la reforma como la “ley Gestapo”.
Dos carriles de justicia y riesgos agudizados en la denuncia de criminalización de la protesta social
Las recomendaciones señaladas por el EPU se centran especialmente en los nuevos reglamentos acerca de la figura jurídica del arraigo y del crimen organizado. La crítica más frecuente tiene que ver con que se haya construido un sistema de dos carriles para ejercer la justicia: un carril para delitos comunes y otro para el crimen organizado. La reforma se materializará en un plazo de ocho años, límite temporal para que todos los estados de la Federación la hayan implementado. Existen serias dudas sobre el respeto a la presunción de inocencia en casos vinculados al “crimen organizado”. Según una lógica basada en los derechos humanos, es precisamente en los delitos más graves donde el más escrupuloso respeto a las garantías procesales debería asegurar un juicio justo.
Un gran obstáculo para el sistema de justicia es la definición de “crimen organizado” y el criterio de aplicación que determine quién utilice esta herramienta. El articulo 16 define que “por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho, de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley en la materia”. Muchas organizaciones y movimientos sociales temen que este artículo pueda aplicarse contra la lucha social, dado que el legislador no especifica cuáles son los tipos de conducta que darán sustancia al delito. La creación de este “régimen de excepción” viola los más esenciales principios de igualdad ante la ley, además de abrir la puerta a la arbitrariedad por parte del Estado, que podría utilizarlo para la represión de los movimientos de oposición. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas “al quedar en la Constitución una hipótesis tan laxa en la cual no especifique en qué casos se considerará delincuencia organizada, tendrá graves consecuencias, dado que será mucho más fácil modificar la ley secundaria y establecer delitos que no sean realmente graves y que pongan en riesgo la seguridad nacional.”
Centros de Derechos Humanos de Guerrero denunciaron que “la pérdida de garantías individuales y sociales señaladas en el marco de la guerra contra el narcotráfico, es una novedad que amenaza a defensores de derechos humanos y luchadores sociales, además de poner en grave crisis al sistema de justicia y a los mecanismos de protección de los derechos humanos”, argumentando que el Estado ha “emprendido la criminalización de los defensores de derechos humanos a través de la deslegitimación, el desprestigio, la persecución a los que utilizan sus sistemas normativos, la fabricación de delitos y la omisión frente a los abusos que sufren los defensores”. Tan sólo en los últimos meses, el total de acciones penales emprendidas contra líderes sociales ha aumentado de manera alarmante en todo el país. Esto se suma a antecedentes preocupantes previos a la promulgación de la ley, -en Oaxaca y Atenco, por ejemplo-, donde a miembros de movimientos sociales se los acusó formalmente de secuestro, secuestro equiparado, bloqueos de carreteras y sedición.
Arraigo y riesgos de tortura
Otro temor que expresan las defensoras y defensores de derechos humanos, en el marco de la reforma penal y la “criminalización de la protesta social”, tiene que ver con el arraigo, una figura jurídica que apareció en la ley federal con el fin de aplicarse en el combate contra la delincuencia organizada.
El arraigo es una medida cautelar que existe en numerosos códigos penales de América Latina; por lo tanto se planteó como un instrumento democrático que podría ser utilizado por parte de la fiscalía durante la investigación criminal, para los casos en que existiera riesgo de evasión de la persona investigada. El procedimiento consiste en que un juez dictamina “arraigo domiciliar” mientras se completa la investigación del caso: la persona permanece en su casa bajo vigilancia y sin permiso de salida hasta que hayan finalizado todas las averiguaciones. Anteriormente, el plazo máximo para el arraigo era de 40 días, con la reforma se amplió a 80 días (en otros países, el arraigo tiene una aplicación máxima de dos a siete días).
El arraigo en México tiene una aplicación particular: Generalmente no se cumple como detención domiciliar sino en las llamadas “casas de arraigo”, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). Estos lugares pueden ser hoteles, balnearios o edificios clandestinos. Aunque legalmente el expediente está en manos del juez, la persona arraigada queda materialmente bajo el “cuidado” del Ministerio Público. Por supuesto, esto otorga un poder de control mucho más fuerte al Ministerio Público y a la policía judicial sobre el sospechoso.
El rasgo más preocupante de la figura del arraigo es que, en lugar de utilizarse como herramienta vinculada a la búsqueda de información inculpatoria, sea utilizado para ejercer presión sobre la persona investigada, obligándola a realizar una confesión. Muchos de los casos de arraigo denunciados en centros de derechos humanos vinculan a las “casas de arraigo” con prácticas de tortura, y se teme que esta figura sea aplicada con mayor frecuencia en causas contra manifestantes y movimientos sociales.
Fuero militar: el gran ausente de la reforma penal
El fuero militar, con ausencia de control civil, es otro aspecto detectado como un foco rojo en las recomendaciones del EPU; y cabe recordar que ha sido objeto de constantes críticas y recomendaciones al Estado mexicano por parte de organizaciones de derechos humanos.
A lo largo de 2008, varias organizaciones de derechos humanos destacaron la necesidad de que el fuero militar limite exclusivamente su alcance al juzgamiento de personal militar por delitos cometidos contra la función militar sin “extenderse a la investigación y el procesamiento de hechos que constituyen violaciones a derechos humanos”. El año pasado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), registró 120 casos de abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, incluyendo cateos ilegales, agresiones físicas, torturas y detenciones arbitrarias. Se destaca a Guerrero como el estado más afectado en este sentido. Las ONGs exigen con urgencia la necesidad de establecer controles civiles sobre el Ejército, y se espera la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deberá pronunciarse en la cuestión del fuero de guerra para casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones de derechos humanos. Luis Arriaga, director del Centro Prodh, indicó que la extensión del fuero de guerra a estos casos “perpetúa la impunidad y socava el control civil que en toda democracia debe prevalecer sobre las instituciones castrenses”.
¿Qué sigue?
Más allá de los retos planteados desde el contenido mismo de la reforma, un desafío no menor será el de su implementación. En su informe 2008, Human Rights Watch señalaba la “doble cara” del Estado mexicano, que ha firmado múltiples tratados internacionales para la defensa y promoción de los derechos humanos y mantiene un alto perfil en las plataformas internacionales en la materia; sin embargo, estos mismos tratados parecen quedar en letra muerta al momento de aplicarlos en el país. Aún si se quiere considerar la reforma penal como un avance, o incluso el inicio de un “cambio cultural”, todavía queda por ver que tanto logrará convertirse en realidad.
Una preocupación final tiene que ver con la capacidad que podrán tener los movimientos sociales y las organizaciones civiles para actuar como contrapeso de las tendencias represivas del Estado; o si el crimen organizado, los miles de muertos cada año, servirán de excusa al mismo Estado, con el beneplácito de parte de la comunidad internacional preocupada por el tema de la seguridad, para legalizar procedimientos penales represivos y violatorios de los derechos humanos.

:: ARTÍCULO
De India a Chiapas: Reflexiones sobre la ‘no violencia’
Hay encuentros que renuevan nuestra energía y nos animan a seguir adelante. Esta es la sensación que nos quedó en febrero pasado, luego de la visita a México de Rames Sharma, representante del movimiento Ekta Parishad de la India, en el marco de una gira americana, programada con el fin de organizar una marcha mundial no violenta en 2012.
En hindi, Ekta significa “unidad”, Parishad “foro” o “espacio”: Ekta Parishad es un movimiento que reúne a 11.000 organizaciones sociales y a miles de individuos. Su visión es la de una India donde toda persona tenga acceso libre a recursos como la tierra, el bosque y el agua. Una India donde ninguna tribu o casta influya sobre el derecho a la dignidad, y donde el sistema económico comunitario haga posible el autoabastecimiento a nivel local. Una India donde se fomente el liderazgo y las autonomías locales, y la gestión responsable de gobierno en todos sus niveles. Para lograr estos cambios, se brinda plataforma a las voces de las masas y se trabaja desde el espíritu gandhiano de satyagraha (verdad-fuerza) y ahimsa (no violencia) como contrapartida a la violencia que enfrentan las comunidades más marginadas.
En 2007, Ekta Parishad organizó una gran marcha para presionar al gobierno de la India por reformas agrarias (“Janadesh, el veredicto del pueblo”). Durante un mes, 25.000 personas caminaron 350 kilómetros hacia Nueva Delhi, lo que constituyó el movimiento no violento más grande en la historia de la lucha agraria en India. Como consecuencia de esto, el gobierno creó una Comisión Nacional para la Reforma Agraria, integrada en un 50% por miembros de organizaciones involucradas en la defensa del derecho a la tierra (ver www.ektaparishad.com).
En México, la presentación del movimiento despertó el interés de los participantes locales, estableciéndose un intercambio que permitió subrayar problemáticas muy similares, como el acceso a la tierra, la organización comunitaria, las autonomías locales, el respeto hacia el liderazgo tradicional, etc. El representante de Ekta Parishad dio cuenta de experiencias del movimiento en acciones de menor envergadura, como pueden ser: desobediencia civil a través de ocupación de tierras, consultas populares aplicadas a asuntos agrarios, o la ocupación pacífica de oficinas oficiales. De esta manera pudo establecerse un paralelismo entre estas experiencias y algunas acciones desarrolladas en Chiapas, como las huelgas de hambre de los presos por su libertad, las brigadas de observación civil, los campamentos para la Paz, e iniciativas llevadas a cabo por el zapatismo..
Del mismo modo, se constataron diferencias de contexto que dificultan el fomento de acciones no violentas en Chiapas: La represión del gobierno en Chiapas (y en América Latina en general), siempre ha sido más dura y mucho más inmediata que en la India. Por otro lado, el imaginario de los movimientos sociales está muy vinculado con Gandhi en la India, y con la revolución y las armas en México.
De este intercambio, surgieron reflexiones muy interesantes sobre la estrategia de no violencia:
La fuerza del número: Cuanto más gente participe en una acción no violenta, mayor será su efecto. Por esto, Ekta Parishad promueve la movilización pacífica de masas, poniendo énfasis en la apropiación de las acciones por parte de las bases. Para Janadesh, por ejemplo, se puso en práctica una estructura de participación para que todos (¡los 25.000!), tomen parte en las decisiones. Del mismo modo, la campaña se financió con los granos y el poco dinero que cada participante aporta al adherir al movimiento.
Ya que se reconoce la fuerza de acciones ejemplares, la no violencia requiere un compromiso total, lo que exige un funcionamiento no violento en la organización misma. Sus integrantes son conscientes de que este compromiso implica, estar preparados para superar instancias de sufrimiento personal, e incluso la posibilidad de perder la propia vida: Cuando la marcha de Janadesh llegó a Delhi, los participantes debieron soportar los rayos del sol, sin agua durante horas. Por otro lado, tres manifestantes fueron atropellados por un camión sin que se registrase muestra alguna de violencia contra el chofer que protagonizó el hecho. Esto fue posible dado que cada una de las 25.000 personas de Janadesh, había participado en procesos de capacitación.
Una visión a largo plazo para construir una paz duradera: la no violencia requiere paciencia, creatividad y hasta terquedad. Para no confundir paciencia con pasividad, hablamos de no violencia activa, y aún pro-activa. Para sembrar semillas de no violencia que pueden generar cambios positivos a nivel social, económico y político, Ekta Parishad se esfuerza en proporcionar capacitaciones sobre no violencia a las bases de activistas y a la juventud. Desarrollar este modo de acción cuesta mucho, pero es un camino que abre la posibilidad de alcanzar beneficios duraderos, y que integra a la gente en lugar de dividirla.

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ
De diciembre de 2008 a marzo de 2009
PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
CHIAPAS
Altos
- En diciembre, visitamos Acteal y Nuevo Paraíso, comunidades del municipio de Chenalhó. A finales de febrero, nos entrevistamos con el Consejo autónomo de Polhó en este mismo municipio, para hablar de la situación de los desplazados y de los movimientos paramilitares denunciados por el Consejo en los meses previos.
- En febrero, visitamos la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista de Huitepec, ubicada en las proximidades de San Cristóbal de Las Casas, en los mismos terrenos del Área Natural Protegida Huitepec-Los Alcanfores posteriormente creada por el gobierno estatal, según se ha denunciado, sin consultar a la población de la zona, sobre la que pende amenazas de desalojos.
- En marzo, nos entrevistamos con integrantes del Consejo autónomo de Magdalena de la Paz (municipio oficial de Aldama) para hablar de la problemática agraria que se vive en el municipio y de los recientes movimientos militares.
Selva
En marzo, una integrante del equipo estuvo participando en una brigada de observación coordinada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Moisés Gandhi.
Centro
En enero, visitamos Cruztón y la cabecera de Venustiano Carranza para entrevistarnos con grupos que han sufrido hostigamiento.
Caracoles/EZLN
- Asistimos a algunas de las actividades realizadas en Chiapas del 30 de diciembre de 2008 al 5 de enero de 2009 en el marco del Primer Festival Mundial de la Digna Rabia. El festival empezó en el caracol de Oventik donde se conmemoró el 15 aniversario del levantamiento armado del EZLN. En los días siguientes, en el CIDECI- Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, se llevaron a cabo una serie de mesas y actividades que se centraron en la temática “Otro mundo, otra política”.
Entre enero y febrero, visitamos todos los Caracoles zapatistas.
Los días 7 y 8 de Marzo, asistimos al Encuentro de las mujeres Zapatistas en el marco del día Internacional de la mujer, dedicado a la señora Doña Concepción García de Corral, “Mamá Corral”.
Mujeres
Asistimos a la llegada de la marcha-caravana “por la Vida y la Seguridad de las Mujeres”, coordinada por la sección mexicana de la Marcha Mundial de las Mujeres, el 1er de diciembre en San Cristóbal de las Casas.
OAXACA
A mediados de febrero, asistimos a diversas actividades realizadas en el marco de la Primera Semana Cultural de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la ciudad de Oaxaca, así como a su Segundo Congreso Estatal Ordinario. También, nos entrevistamos con varias contrapartes que trabajan en el estado.
GUERRERO
En enero, visitamos Chilpancingo donde nos reunimos con varias contrapartes, así como Ayutla de los Libres, donde nos entrevistamos con integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM).
RELACIONES PÚBLICAS-INCIDENCIA
- A principios de diciembre, nos reunimos en la Ciudad de México con la Embajada checa (que tendrá la presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2009) así como con la Embajada de Suecia (que la tendrá en el segundo semestre). Les planteamos nuestras preocupaciones respecto a la situación socio-política y de los derechos humanos en Chiapas.
- A principios de enero, nos entrevistamos con varios integrantes de USAID, de la Sección Política y de la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada norteamericana para hablar sobre la Iniciativa Mérida. Previamente, nos reunimos con varios actores de la sociedad civil que están monitoreando el tema (Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio-RMALC, Centro ProDH, Americas Policy Program).
- En marzo, nos entrevistamos con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que están recabando información para elaborar un informe sobre la situación de los y las defensores de derechos humanos en México..
- En marzo, participamos en un taller sobre la Asociación estratégica de la Unión Europea con México, coordinado por la Delegación de la Comisión Europea en México.
VARIOS
En febrero, estuvimos presentes en la liberación de los presos Antonio y Héctor Cerezo Contreras que habían sido detenidos acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y encarcelados por delitos de delincuencia organizada. Según varias organizaciones de derechos humanos, las detenciones habían presentado irregularidades.
El 17 de febrero, asistimos a la Conferencia de prensa que marcó el inicio de la Campaña Nacional e Internacional “Libertad y Justicia para Atenco” que busca involucrar a la sociedad civil para demandar la libertad de 13 presos encarcelados después de la represión de mayo de 2006 en Atenco.
PROMOCION DE PAZ
EDUCACION PARA LA PAZ
El 26 de febrero, conjuntamente con SERPAJ-México, organizamos un espacio de reflexión de organizaciones con Ramesh Sharma, representante del movimiento Ekta Parishad de la India.
ARTICULACION
- Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.
- Mantuvimos reuniones con miembros de la coalición de SIPAZ y contrapartes cercanas como SweFOR (Movimiento Sueco por la Reconciliación), CAREA (Alemania), Acción Permanente por la Paz (EEUU) y Brigadas de Paz Internacionales (PBI).
- Los días 21 y 22 de marzo, asistimos al Segundo Encuentro binacional Chiapas-Guatemala en defensa del Territorio, realizado en San Antonio Huista, Guatemala.
INFORMACION
- Recibimos la visita de delegaciones, estudiantes y periodistas, interesados en conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ. Del 27 de diciembre al 3 de enero, co-coordinamos una delegación de Global Exchange (EEUU) en Chiapas.
- En enero, una integrante de SIPAZ se reunió en Holanda con las organizaciones CMC e IFOR (International Fellowship of Reconciliation)

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